Los discursos parlamentarios de Práxedes Mateo-Sagasta

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Sagasta tiene la palabra para una alusión personal.

El Sr. SAGASTA: Duéleme en el alma, Sres. Diputados, que un incidente, a pesar nuestro sobrevenido, me ponga en el caso de interrumpir el importante debate en que se halla empeñado el Congreso, y en el que mi amigo querido el Sr. González ha obtenido tan señalado triunfo, interpretando fielmente y con verdadera elocuencia las aspiraciones y las ideas que el partido constitucional tiene respecto a las cuestiones de nuestra tan querida como desgraciada Cuba. Pero si me duele interrumpir tan importante debate, he de procurar hacerlo con tal brevedad, en lo que de mí dependa, que no ha de influir verdaderamente tan ligera interrupción en el retraso de la resolución de tan vital asunto.

No en son de hostilidad, sino impulsando por un patriótico deseo, por el de que los partidos no tengan ningún motivo, y a ser posible ni siquiera pretexto para apartarse de la contienda legal que va a iniciarse en la próxima elección de Ayuntamientos, base de todas las demás elecciones y piedra angular de la organización política y administrativa del país, intenté ayer dirigir una pregunta al Gobierno como medio el más breve, como el único procedimiento que a mi alcance encontraba para advertirle que el decreto sobre elecciones municipales venía a ser, a pesar suyo sin duda, por la estrechez de sus plazos, obstáculo insuperable a la voluntad más decidida, al mejor deseo de aquellos partidos que sólo en los hechos legales pretenden alcanzar la realización de sus aspiraciones políticas.

Pueden los Gobiernos en apremiantes circunstancias, y cuando están como en el caso actual autorizados por la ley, restringir todos aquellos plazos dentro de los cuales caben únicamente los actos que a la Administración se refieren; porque en estos casos todo se reduce a que, tomadas las debidas precauciones, los agentes de la autoridad se multipliquen y trabajen más en menos tiempo; pero aun autorizados por la ley, no pueden los Gobiernos sin grandes peligros disminuir los términos que se refieren al ejercicio de los derechos de los ciudadanos y a la extensión de las garantías que se les conceden como escudo para las contiendas electorales, pues hasta tal punto pudieran reducirse estos plazos, que hagan estéril todo derecho, ineficaz toda garantía e imposible lucha.

Las disposiciones del Gobierno en este caso pueden llegar hasta conculcar la ley en cuanto hagan imposible su cumplimiento, que es lo que desgraciadamente acontece con el decreto convocando a elecciones municipales, publicado en la Gaceta de anteayer; que de tal manera restringe los plazos, que falta espacio material y no hay tiempo bastante para realizar los fines que la ley se propone y para que los ciudadanos puedan hacer efectivos sus derechos.

Del 20 al 27 de este mes han de estar hechas las listas y presentadas las reclamaciones, sin tener en cuenta que hay muchos pueblos en España que recibirán la noticia de semejante disposición cuando haya trascurrido el plazo establecido para su cumplimiento.

Nueve días se conceden para acudir en apelación a las Audiencias, sin reparar que este recurso sólo tiene lugar después de la resolución negativa de la Comisión provincial a la reclamación presentada, y que hay muchos pueblos en España que no tienen tiempo suficiente con nueve días para saber esa resolución negativa y acudir en su consecuencia a la Audiencia en reclamación de su derecho. Pues bien; si estos plazos y otros que se consignan en el decreto de la Gaceta de anteayer y que no menciono por no molestar demasiado al Congreso, si esos plazos son absolutamente insuficientes aun para los trabajos individuales de los ciudadanos aislados, son verdaderamente irrisorios para los trabajos combinados de los partidos.

El Gobierno nos encarece la necesidad de que se creen grandes partidos, y no comprendo cómo reconociendo esa necesidad empieza por dificultar que pueda ser satisfecha. Los grandes partidos que, como el constitucional, tienen una organización completa, con sus jefes respetados, con su Estado Mayor reconocido, con su Junta directiva, con sus comités provinciales y municipales y con una perfecta disciplina, no se mueven en la contienda electoral ni en ninguna otra más que dentro de su organización, obedientes siempre a las instrucciones y consejos que parten de su Junta superior a las provincias y de éstas a las de los pueblos, ni más ni menos que como se mueven los grandes partidos en los países en que están organizados, que son todos aquellos en que el sistema constitucional marcha con una regularidad perfecta, y en que las instituciones representativas producen su bienestar y prosperidad.

Ahora bien; el partido constitucional, y los que como él tengan una organización completa y acabada, ¿tienen tiempo suficiente para reunirse en sus diferentes manifestaciones, para tomar acuerdo en su Junta superior, dados los informes de las provinciales, y para trasmitir estos acuerdos a las juntas de localidad y a sus afiliados de todos los ámbitos de España? ¿Tiene tiempo para ayudar a sus correligionarios en el ejército de su derecho, nombrando comisiones y eligiendo letrados que los representen ante los Ayuntamientos, las Diputaciones y las Audiencias? Yo dejo la contestación a la buena fe del Gobierno de S. M.

Para las luchas electorales es para lo que principalmente se organizan los partidos; en las luchas electorales es donde los partidos bien organizados manifiestan su disciplina, su valer y su fuerza, y sólo dándoles el tiempo necesario para prepararse a esa contienda es como pueden luchar, a pesar de los abusos del Poder, [4195] que no han de faltar ahora, porque muchos Municipios y algunas Diputaciones, por serlo de Real orden, creerán que su deber consiste exclusivamente en servir ciegamente los propósitos de los amigos del Gobierno que los nombró. Ante la organización oficial no hay más medio de defensa que la organización de los partidos; sino, la lucha es enteramente inútil; podrá lucharse individual y aisladamente; pero será una lucha estéril y sin resultado alguno, porque les falta entonces a los ciudadanos la organización única capaz de contrarrestar la organización oficial.

Agréguese a esto otra dificultad insuperable para las elecciones de que se trata, y es que se van a verificar estando aún en suspenso las garantías constitucionales; de modo que yo preveo y anuncio desde aquí que van a ser muchas las arbitrariedades que fundadas en esa suspensión de garantías se van a llevar a cabo. Y todavía, aun levantada la suspensión de garantías, quedan cercenados los derechos de reunión y de asociación, tan necesarios para esta clase de luchas, porque para reunirse se necesita pedir permiso a la autoridad; y si esta es local, si es un alcalde y no se cree autorizado para concederlo y consulta al gobernador, como éste a su vez puede considerar necesario consultar al Gobierno, cuando la petición haya pasado por todos estos trámites puede haber pasado, y habrá pasado sin duda alguna, la oportunidad de la reunión. ¡Cosa singular, señores! Este derecho, como el de escribir, está consignado en la Constitución del Estado, y sin embargo se concede o se niega por el Ministerio de la Gobernación. ¡Valiente manera de cumplir con la Constitución del Estado! Un partido necesita para sus trabajos preliminares durante el período electoral, reunirse y concertarse; y si el gobernador para conceder permiso cree necesario consultar al Ministros de la Gobernación, ¿qué garantía queda a los partidos, además de no tener el tiempo necesario para sus trabajos?

No se trate de buscar precedentes en que pueda el Gobierno apoyar su conducta, porque no los encontrará en circunstancias iguales ni parecidas; si se quiere buscar antecedentes, yo puedo dar uno que me pertenece. Yo os lo voy a ofrecer, y me alegraré mucho que os sirva para legitimar o disculpar vuestra conducta. Era yo Ministro de la Gobernación en el Gobierno provisional proclamado por la revolución de Septiembre; aquel Gobierno encontró los poderes públicos por el suelo y los pueblos regidos por Juntas revolucionarias, que sin lazo ninguno entre sí se creían soberanas dentro de sus respectivas localidades. ¿Qué había de hacer aquel Gobierno revolucionario en una situación tan revolucionaria? Proveer a su pronto remedio. ¿Cómo? Dos medios había para esto: uno, nombrar los Ayuntamientos por su propia autoridad; otro, dejar que los pueblos hicieran la elección por sufragio universal, que fue el procedimiento que se adoptó. Pero era preciso hacer esto con urgencia, porque así lo exigía el estado anormal y de perturbación en que los pueblos se encontraban.

Aquel Gobierno abrevió para esto lo que pudo los plazos de la elección, y ojalá hubiera podido abreviarlos más; pero no había entonces el inconveniente que hay hoy para adoptar igual procedimiento, porque verificándose las elecciones por sufragio universal, las listas puede decirse que estaban hechas en el censo de cada localidad, y no había más que proveer a los vecinos de la cédula de vecindad para que usasen de su derecho. Pero sea de esto lo que se quiera, al fin y al cabo aquel era un Gobierno revolucionario, en una situación revolucionaria, que podía y debía proceder revolucionariamente. Aquel acto fue, pues, un acto revolucionario; lo confieso y estoy muy satisfecho de haberlo ejecutado. ¿Pero estamos ahora en el caso en que se encontraba aquel Gobierno? ¿Es este un Gobierno revolucionario, que pueda ejecutar también actos revolucionarios? Entonces, ¿qué es de esta situación normal? ¿Qué son las Cortes? ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es el Rey? Ahí tenéis un precedente; si os sirve, aprovechadle. No; no encontraréis precedente alguno en iguales circunstancias, y es grave mal en las actuales que los partidos en la imposibilidad de luchar se crean lastimados y excluidos de los palenques políticos.

A remediar este mal iba encaminada mi pregunta de ayer, como van dirigidos mis propósitos de hoy; porque no es conveniente que se crea, como se cree, que con esta política de exclusivismo y con predicar un día y otro día que los partidos que se encuentran enfrente del Ministerio ni son fuertes, ni tan grandes, ni están organizados, ni cuentan con elementos bastantes para formar Gobierno, se pretende resolver el problema de gobernar siempre, de ser autoridad siempre, de ser influencia decisiva siempre y de tener siempre dominado a todo el mundo.

No es conveniente ni para las instituciones ni para el país que se crea que no bastándole a este Gobierno con dirigir las huestes que le apoyan y desenvolver una política protectora para los suyos, aspira además a organizar a su capricho el partido que ha de sustituirle, dándole jefe y bandera para disponer de él como mejor le plazca y llevar su influencia más allá de la situación que preside, poniendo más empeño que en formar su propio ejército, en elegir adversario y en procurar que la oposición sea lo que él quiera, se llame como él quiera, defienda las ideas que él quiera, y no se oponga más que a lo que él quiera para hacerse el indispensable, y haciendo después creer que no ha reemplazo posible sin que las instituciones se derrumben, la sociedad tiemble y el país se hunda en el abismo; pretender que no haya ni turno pacífico, ni constitucionalismo sensato, costumbres parlamentarias, ni nada, en fin, de lo que constituye el verdadero sistema representativo.

No es conveniente, Sres. Diputados, antes es altamente peligroso para las instituciones y para el país, que interpretando los partidos como intenciones hostiles lo que sólo sean errores e imprevisiones, crean que el Gobierno, poco satisfecho de muchos de los que todavía lo son, trata de evitar oposiciones para poder más desahogadamente favorecer a unos y contrariar a otros en las próximas elecciones, según su conducta venidera, y haciendo así a gusto de sus indubitables amigos los Ayuntamientos, las Diputaciones provinciales, el Senado primero y el Congreso después, acapararlo todo y crear una situación suya, exclusivamente suya, inaccesible a los demás, excelente sin duda para los que no van más allá de su egoísmo, pero de perdición, y de perdición inmediata para el país, que creyendo ver en efecto en el Gobierno el afán de quedarse sólo, y en la imposibilidad de acompañarlo, sólo lo dejé al fin y al cabo con sus Ayuntamientos, con sus Diputaciones, con su Senado y con su Congreso, viviendo en su sobria soledad, como la hiedra a costa del árbol, a costa de la Monarquía. (Bien, muy bien, en la izquierda)